Otro punto de vista a partir del debate sobre voto voluntario u obligatorio

El 31 de noviembre de 2011 es la fecha límite para que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario en Chile, de modo que pueda aplicarse en las próximas elecciones municipales de 2012. Restan pocos días y es incierta su aprobación, situación que renovó el debate respecto del proyecto, principalmente sobre el punto de la obligatoriedad o la voluntariedad del voto.

Existen numerosas argumentaciones que abogan por una posición u otra. No es mi interés profundizar en ello en estas notas, eso lo dejo a los expertos en sistemas electorales. Simplemente quisiera agregar un punto de vista sobre el sistema electoral en tanto institucionalidad y sus efectos a corto y largo plazo.

Muchas de las posturas que defienden la obligatoriedad, afirman que los sectores que porcentualmente más disminuirían su participación si esta fuera voluntaria, serían los de bajos recursos y los jóvenes. Agregan además que estos dos elementos sociales son aquellos que cuentan con una mayor predisposición a aprobar posibles transformaciones sociales, por lo que la voluntariedad del voto favorecería tendencias conservadoras.

Respecto de estas afirmaciones, no niego que sean veraces y que tienen una argumentación sólida. De hecho, coincido en que éstos serían los efectos a corto plazo que puede tener este tipo de institucionalidad. Sin embargo, me pregunto: ¿es acaso éste el parámetro para implementar un sistema electoral determinado?

Plantea una gran dificultad la medición de los efectos que puede tener una institucionalidad en el largo plazo, ya que hace referencia a cambios culturales más profundos, que sobrepasan en mucho a la aplicación de una ley. Mayor es el problema en la medición de un elemento como la obligatoriedad o la voluntariedad del voto, que no solo plantea la forma de un simple ejercicio de la ciudadanía, sino que proyectado al largo plazo, abarca también la discusión sobre los principios en los que la sociedad misma fundamenta su organización social y política.

Afirmo entonces que la institucionalidad y su diseño no deben determinarse solamente por sus efectos a corto plazo (que no dejan de ser muy importantes), sino que además debe tomar en cuenta el largo plazo, ya que condiciona los principios que la sociedad elige como sus fundamentos y su construcción futura. La voluntariedad implica el ejercicio de la libertad de opción aplicada a una de las instituciones más importantes dentro de la democracia: el sistema electoral.

Anticipándome a posibles críticas, diré además que para evitar ingenuidades en términos de políticas públicas debemos sortear una premisa riesgosa: la institucionalidad no puede solo tomar en cuenta la situación existente al momento de su creación, sino que debe contemplar (e impulsar) además posibles transformaciones socioculturales en la dirección que busca. No debe considerar las condiciones de partida como una constante, sino como un elemento a ser transformado, incluso al nivel de las creencias más básicas de una sociedad. Se debe avanzar en un área actualmente poco explorada, como es la transformación de los paisajes sociales, de las creencias e ideas que dan sustento a los sistemas, y que son pasibles de ser modificadas. En otras palabras: el voto voluntario podría tener hoy unos efectos contrarios para quienes buscamos una transformación de la sociedad. Pero a través de políticas que impulsen una transformación cultural (del paisaje social), este podría modificarse en dirección progresiva, potenciado además por el ejercicio de la libertad de opción.

Para aterrizar el tema, creo que la libertad de opción en tanto principio debería primar por sobre los efectos inmediatos que pueda tener una norma. Su importancia radica en la fundamentación de la institucionalidad política y social que significa una norma basada en la libertad de opción. En todo caso, aquella deberá ser acompañada de políticas que profundicen y generen en la sociedad las condiciones necesarias para una verdadera igualdad de oportunidades y para favorecer el desarrollo de la conciencia en las poblaciones respecto de la totalidad de sus derechos y su capacidad para ejercerlos.